La Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) denuncia la insuficiencia de las compensaciones por costes indirectos de CO₂destinadas a la siderurgia española en 2026. La asignación de 157 millones de euros queda 43 millones por debajo de los 200 millones que la asociación estima que el sector debería recibir, una diferencia que limita la capacidad de las empresas para afrontar unos costes energéticos cada vez más elevados.
Esta situación agrava la desventaja de la industria española frente a sus competidores europeos. Según UNESID, en la mayoría de los países de su entorno las ayudas cubren el 100%, mientras que las empresas españolas deben asumir una parte mayor de unos costes que condicionan sus decisiones de producción e inversión.
La presión resulta especialmente preocupante por la escalada de los precios energéticos en el actual contexto bélico. El futuro del gas TTF para noviembre alcanza los 88,90 euros/MWh, un 146% por encima de la media de 2025, mientras que el precio mayorista de la electricidad en España, según OMIE, se sitúa en 215,11 euros/MWh, más del triple de la media del año pasado. Estos niveles intensifican las dificultades de una industria electrointensiva expuesta a la competencia internacional.
“Las empresas siderúrgicas españolas no pueden competir en igualdad de condiciones si soportan unos costes energéticos elevados y, además, reciben unas compensaciones inferiores a las de sus competidores europeos. No pedimos un trato de favor, sino que las ayudas cumplan su objetivo y permitan mantener la actividad industrial en España”, señala Carola Hermoso, directora general de UNESID.
Una presión energética que compromete la actividad industrial
Las compensaciones por costes indirectos de CO₂tienen como objetivo mitigar el impacto que el precio de los derechos de emisión tiene sobre el coste de la electricidad y evitar que las empresas expuestas a la competencia internacional pierdan capacidad competitiva o trasladen su producción fuera de Europa. Para UNESID, su eficacia depende de que los recursos disponibles permitan responder a las necesidades de las instalaciones elegibles.
Como advirtió la asociación en septiembre, la estimación provisional del sobrecoste energético para la siderurgia entre marzo y diciembre de 2026 se sitúa en torno a 658 millones de euros. A este escenario se suman los elevados costes de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, que incrementan la factura de las empresas y están llevando a algunas instalaciones a detener su producción durante las horas de mayor precio.
“Necesitamos respuestas que alivien la presión inmediata, pero también una política energética e industrial que garantice estabilidad y previsibilidad. Si queremos mantener la producción y la inversión en España, tenemos que evitar que nuestras empresas compitan con una desventaja de partida frente a otras instalaciones europeas”, afirma Carola Hermoso.
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