La entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados está generando grandes incertidumbres en los productores y fabricantes de envases. Así, el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje ha querido resolver estas dudas del sector sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), los objetivos de reutilización y el impuesto al plástico, en una nueva sesión de sus “Diálogos Intracluster”.
La normativa, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, está afectando a diversos sectores que deberán adaptarse para cumplir con los objetivos establecidos. Uno de los aspectos que José Guaita, presidente de Heura, quiso resaltar es que, “a pesar del avance de las tecnologías para envases industriales y comerciales, todavía no tenemos nada que nos ayude al cumplimiento para que sea un proceso económicamente sostenible”.
Así, José Guaita señaló que la digitalización surge como “herramienta para mejorar la economía circular en la industria”. Por ejemplo, en el caso español, señala que existe una cierta desconexión entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria que dificulta la comprensión y el desarrollo de medidas por parte de los fabricantes y productores de envase y embalaje.
También intervino Faysal Assakale, tax manager de Ayming, para añadir que el impuesto al plástico “no solo recoge aspectos económicos, sino que también requiere una serie de formalidades de contabilidad, existencias y facturación, por lo que esta ley va a traer consigo un cambio muy importante en las empresas a nivel de gestión”.
La clave está en toda la cadena de valor
Mientras, el representante de Heura destacó que, “pese a que la responsabilidad recae sobre el envasador, toda la cadena productiva está dentro de esta ley”, destacando la implicación de todos sus miembros para el correcto cumplimiento de la legislación.
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