Los efectos de la contaminación acústica y los riesgos que el exceso de ruido supone para la salud forman parte de la agenda de Administraciones Públicas y legisladores en todo el mundo.
A la hora de controlar este tipo de contaminación, las administraciones acuden frecuentemente a empresas que deben disponer del conocimiento, la experiencia y los medios adecuados. Para ello, las Administraciones Públicas confían cada vez más en la acreditación de Enac (Entidad Nacional de Acreditación), para asegurarse de que las empresas que trabajan en su nombre disponen de la necesaria competencia técnica.
Por ejemplo, la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León exige acreditación a las entidades que quieran obtener la autorización autonómica para realizar ensayos de medida de niveles sonoros, de aislamientos acústicos, de vibraciones y de tiempos de reverberación en la comunidad autónoma. Esta misma ley, así como la Ordenanza Municipal de Valladolid, recoge que cualquier máquina de obra pública que opere en Castilla y León y que tenga más de dos años de antigüedad debe ser evaluada y obtener un informe de ensayo acústico emitido por un laboratorio acreditado por Enac.
La Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Valencia, por su parte, también exige acreditación para realizar las mediciones in situ necesarias para expedir los certificados de verificación del cumplimiento de los aislamientos mínimos exigibles en la edificación.
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