El sector público estatal español invirtió el año pasado en I+D+i un total de 2.955 millones de euros, el 46,4% del presupuesto disponible (6.366 millones), según datos publicados el 2 de abril por la Intervención General del Estado (IGAE). El 90,9% del presupuesto para I+D+i no ejecutado se concentró en el gasto financiero (capítulo 8), pese a que la tasa de ejecución en este apartado experimentó la segunda mejoría en 12 años.
La progresiva apuesta en los últimos años hacia el capítulo 8 en detrimento del gasto no financiero (capítulos 1 a 7) ha evolucionado en paralelo a un decreciente grado de ejecución de la política de I+D+i. El gasto financiero concentró en 2019 cerca del 65% del total del presupuesto para I+D+i y su tasa de ejecución fue del 25,4%. En 2008, por ejemplo, el capítulo 8 representaba la mitad del presupuesto y su tasa de ejecución rondaba el 80%.
En términos efectivos, la inversión para el conjunto de la Política 46 (I+D+i) en 2019 se redujo en 323 millones de euros respecto al año previo. La tasa de ejecución presupuestaria de 2019 fue la más baja desde que se empezó a registrar el dato, en 2000, situándose muy cerca de la observada en 2017 (46,6%).
Los capítulos 1 a 7 aglutinan transferencias corrientes, inversiones reales, gastos de personal, gastos de capital, gastos corrientes y subvenciones. El sector público estatal engloba a la Administración General del Estado (AGE), los organismos autónomos, las agencias estatales y otros organismos con presupuesto de gastos limitativos.
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