“Blanqueo ecológico” o “Greenwashing” es la expresión de moda que se está escuchando y leyendo en relación con todos los ámbitos y por parte de todos los grupos de interés (administración, industria y consumidores).
“El gran interés alrededor de esta expresión debemos asociarlo con todas las iniciativas y políticas lanzadas por la Unión Europea, y también en el resto del mundo, sobre la sostenibilidad, economía circular y por cómo se nos comunica el impacto que sobre el medio ambiente tienen los distintos productos y servicios que se ponen a nuestra disposición como consumidores”, según apunta José María Ferrer, responsable de Asuntos Regulatorios Alimentarios / Formación de ainia.
De acuerdo con la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (Directiva sobre alegaciones ecológicas), el “blanqueo ecológico” o “Greenwashing” consiste en la práctica en hacer alegaciones medioambientales poco claras o fundamentadas. Se trata de cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo al Derecho de la Unión o al Derecho nacional, incluyendo la representación textual, pictórica, gráfica o simbólica, en cualquier forma, incluidas las etiquetas, las marcas comerciales, los nombres de empresas o los nombres de productos, en el contexto de una comunicación comercial, que indique o implique que un producto o un comerciante tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente, es menos perjudicial para el medio ambiente que otros productos o comerciantes, respectivamente, o ha mejorado su impacto a lo largo del tiempo.
Según ainia, la propuesta de la Directiva sobre declaraciones ambientales se centra en tres puntos clave: aumentar el nivel de protección del medio ambiente y contribuir a acelerar la transición ecológica hacia una economía circular; proteger a los consumidores y a las empresas frente al blanqueo ecológico y contribuir a la toma de decisiones de compra con conocimiento de causa, y mejorar la seguridad jurídica, la igualdad de condiciones en el mercado interior e impulsar la competitividad.
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